Columna Periodística -Sin Redundar-
Por Carlos Avendaño
¡Casi 100 millones en contratos para los hijos de Rocha Moya! ¿Y quién vigila el dinero público? ¡Vaya tema el que acaba de ponerse sobre la mesa de una investigación periodística! Empresas vinculadas con los hijos de Rubén Rocha Moya y sus socios, habrían acumulado contratos públicos por alrededor de 94 millones de pesos durante distintos gobiernos de Sinaloa, incluidos los años posteriores a la llegada de Rubén Rocha Moya a la gubernatura en el año 2021. Así lo reportó “Político MX” al retomar una investigación de “El Universal”. Y aquí la pregunta no es si los hijos de un político tienen derecho a dedicarse a los negocios, por supuesto que lo tienen. Pero la pregunta es otra: ¿Bajo qué condiciones obtuvieron estos contratos? ¿Quién autorizó las compras? y ¿Qué mecanismos garantizaron que el dinero público se ejercerá con transparencia y sin privilegios? La investigación reporta que, entre los meses de diciembre de 2021 y de noviembre de 2024, empresas y socios relacionados con esta red empresarial realizaron operaciones por unos 29 millones de pesos con el gobierno estatal y el Ayuntamiento de Culiacán. De los 14 contratos y 547 órdenes de compra documentados, solamente uno habría correspondido a una licitación pública, los demás fueron adjudicaciones directas. Pero aún hay más dijera: Raúl Velasco. El reportaje señala diferencias importantes entre algunos precios facturados por un proveedor al DIF estatal y referencias del Mercado de Abastos de Culiacán. Si estas discrepancias se confirman mediante una revisión independiente, las autoridades tendrán que explicar por qué se pagaron estos precios y si existió algún daño al erario. Y ojo, porque los contratos y las adjudicaciones directas no demuestran por sí solos que se haya cometido un delito. Precisamente por esto hacen falta auditorías, expedientes completos y respuestas oficiales, no silencios ni descalificaciones contra quienes preguntan. También debe de aclararse si hubo conflictos de interés, si los proveedores cumplieron sus obligaciones y si los precios pagados correspondieron a bienes y servicios efectivamente entregados. ¿Y qué pasó con el Sistema Estatal Anticorrupción? Según esta misma publicación, una propuesta para solicitar que se investiguen estas contrataciones no llegó siquiera a discutirse formalmente. Si así ocurrió, la pregunta sobre la voluntad institucional de esclarecer los hechos es inevitable. Porque cuando se trata de recursos públicos, el apellido de un proveedor no debe de garantizar privilegios, pero tampoco debe condenarlo automáticamente. Lo que debería de hablar son los documentos, los procedimientos y los resultados de una investigación seria. Casi 100 millones de pesos en contratos ameritan explicaciones a la altura de cada peso. Si todo se hizo conforme a la ley, que lo demuestren, y si hubo irregularidades, que se deslinden responsabilidades, sin importar parentescos, cargos ni colores partidistas. El dinero público no tiene dueño familiar, porque única y exclusivamente pertenece a los ciudadanos…
¡Sinaloa está que arde! ¿De qué sirven más de 20 mil elementos si la violencia no da tregua? Sinaloa está que arde, y no precisamente por las altas temperaturas. Lo que se vive en Culiacán y Mazatlán es una crisis de violencia que parece no encontrar freno, mientras las familias siguen contando muertos y las autoridades multiplican los discursos. El pasado fin de semana fue particularmente violento. De acuerdo con los reportes que se dieron a conocer en medios de comunicación, el sábado se documentaron ocho personas asesinadas; el domingo, otras seis. A esto se suma el hallazgo de seis cuerpos más en fosas clandestinas. ¡Hagan cuentas! Catorce personas asesinadas en dos días, más seis cuerpos localizados en fosas. Una realidad que no se puede maquillar con boletines, conferencias de prensa ni estadísticas seleccionadas. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, cuenta con una trayectoria en materia de seguridad y ha encabezado operativos en distintas regiones del país. Sin embargo, en Sinaloa la pregunta sigue sobre la mesa: ¿dónde está el golpe contundente que permita recuperar la tranquilidad de la población? Porque, a estas alturas, ya no basta con anunciar despliegues, presumir patrullajes o informar sobre la llegada de más fuerzas federales. La ciudadanía necesita resultados que se reflejen en las calles, en los hogares, en los comercios y en la posibilidad de salir sin miedo. Y aquí viene la pregunta que cala: ¿de qué sirve tener más de 20 mil elementos de seguridad desplegados en Sinaloa si los asesinatos, las desapariciones y los hallazgos de fosas clandestinas siguen formando parte de la realidad cotidiana? No se trata de descalificar el trabajo de cada elemento que arriesga su vida, sino de exigir que la estrategia de seguridad sea evaluada por sus resultados. La presencia de miles de uniformados debe traducirse en prevención, investigación, detenciones sustentadas en pruebas y, sobre todo, protección para la gente. Sinaloa no necesita acostumbrarse a contar muertos cada lunes. Necesita recuperar la paz, y eso no se consigue solamente con más botas en las calles, sino con inteligencia, coordinación, justicia y una estrategia que realmente funcione. Porque mientras las autoridades hablan de operativos, las familias siguen poniendo los nombres y los apellidos de las víctimas. ¡La seguridad no se mide por cuántos elementos llegan, sino por cuántos ciudadanos pueden vivir tranquilos!…
¡Imelda Castro habla de honestidad y unidad! ¿Y qué pasa con el “Clan Rocha Ruíz”? La flamante coordinadora estatal de la defensa de la transformación en Sinaloa, Imelda Castro, estuvo en Escuinapa y desde ahí lanzó un mensaje que, por el momento político que atraviesa el estado, no pasó desapercibido: “La honestidad es rentable” y MORENA debe de ser sinónimo de honestidad en Sinaloa. ¡Vaya declaración! sobre todo cuando, prácticamente al mismo tiempo, el periódico El Universal publicó un amplio reportaje sobre nuevos señalamientos relacionados con presuntos casos de corrupción que involucran al llamado: “Clan Rocha Ruíz”. Y aquí es en donde las palabras de Imelda Castro adquieren otra dimensión. La senadora con licencia también insiste en la importancia de mantener la unidad de todos los cuadros morenistas, pero la pregunta es por demás inevitable: ¿Unidad alrededor de qué principios y bajo qué compromisos de transparencia? Porque hablar de honestidad es relativamente sencillo, pero lo verdaderamente complicado es demostrarla, exigir y aplicar sin excepciones, incluso cuando los señalamientos alcanzan a personajes cercanos al propio movimiento morenista. Imelda Castro parece marcar distancia de la controversia que rodea a los Rocha Ruíz. Sin embargo, en política los deslindes verbales no siempre son suficientes. Si MORENA quiere que la ciudadanía lo identifique con honestidad, tendrá que responder con hechos: investigaciones transparentes, rendición de cuentas y cero protecciones políticas para quien resulte responsable. Y cuidado estimado lector, los reportajes y señalamientos periodísticos no constituyen por sí mismos una sentencia ni prueban responsabilidades, pero sí obligan a dar explicaciones cuando se habla de recursos públicos y posibles irregularidades. Así que la pregunta para Imelda Castro es muy sencilla: ¿La honestidad será una regla para todos los morenistas o solamente un discurso para quienes buscan encabezar el movimiento rumbo al 2027? Porque la unidad no puede convertirse en un pacto de silencio, y la honestidad no puede ser rentable solamente cuando sirve para ganar simpatías. ¡A poco no estimado lector!…
Sin Redundar y diciendo las cosas tal y como son. Suyos los comentarios estimados lectores…
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