Puebla, Pue.- El sueño de volver a la alcaldía se le derrumbó a María Guadalupe Daniel Hernández. El Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla la inhabilitó por 10 años para ocupar cualquier cargo público y le impuso una multa de 7.6 millones de pesos por desvío de recursos públicos.
La resolución fue emitida por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas dentro del *expediente 85/2024-PRA-SERA-2, y fue hecha pública este jueves 5 de noviembre, aunque había sido dictada hace tres meses.
En su segundo resolutivo, el Tribunal señala que la ex presidenta municipal de Cuautlancingo es “plenamente responsable en la comisión de la falta administrativa grave, consistente en el Desvío de Recursos Públicos”, con fundamento en el artículo 78, fracción IV, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El caso se remonta a su gestión 2018-2021. De acuerdo con las auditorías iniciadas por su sucesor, Filomeno Sarmiento Torres, la administración de Daniel Hernández dejó una deuda de 10 millones de pesos, adeudos de cuatro quincenas a trabajadores del SOSAPAC y observaciones por la compra irregular de un predio que sería destinado a panteón municipal y que terminó operando como corralón, sin justificación financiera clara.
La sanción llega en un momento clave: Lupita Daniel acababa de anunciar su intención de participar en el proceso interno de Morena para buscar la Coordinación Municipal de Cuautlancingo rumbo a las elecciones de 2027.
La inhabilitación decenal le impide desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Sin embargo, la sentencia aún no está firme; la exalcaldesa mantiene acciones jurídicas para impugnarla.
Se trata de una sanción administrativa, no penal, por lo que no implica cárcel, pero sí frena de golpe cualquier aspiración política inmediata.
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