En un operativo conjunto desplegado por fuerzas de seguridad federales y estatales, se logró la detención de una alta funcionaria adscrita a la Secretaría del Bienestar en el municipio de Uruapan, acusada de presunta obstrucción de la justicia y encubrimiento de información clave en torno a las investigaciones por el homicidio del edil e integrante político Carlos Manzo.
La aprehensión marca un giro crucial en las indagatorias de la Fiscalía General del Estado (FGE), al abrir una línea de investigación sobre posibles redes de protección o complicidad institucional dentro del aparato local.
Detalles del operativo y cargos imputados
De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades ministeriales:
- Motivo de la detención: A la servidora pública se le acusa de ocultar deliberadamente documentación, registros y elementos de prueba solicitados por el Ministerio Público, así como de haber incurrido en falsedad de declaraciones durante la integración de la carpeta de investigación.
- Captura: La detención se ejecutó mediante una orden de aprehensión tramitada ante un juez de control, siendo trasladada de inmediato bajo un fuerte dispositivo de seguridad a las instalaciones de la fiscalía estatal para determinar su situación jurídica.
- Línea de investigación abierta: Las autoridades indagan si el ocultamiento de información buscaba entorpecer el rastreo de los autores materiales e intelectuales del crimen o si existía algún vínculo directo con los grupos delictivos señalados en el caso.
Exigen esclarecimiento total del crimen
La noticia ha generado una fuerte sacudida política y social en Uruapan y en todo el estado de Michoacán. Organizaciones civiles y colectivos locales han exigido a las autoridades judiciales mantener el rigor en el proceso y evitar que la investigación se detenga o sufra interferencias políticas, garantizando justicia plena para la familia y seguidores de Carlos Manzo.
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