Ciudad de México.- La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE no cerró el caso, lo abrió. La crisis de contratos, presuntos conflictos de interés y concentración de poder ahora apunta a los dos personajes que la impulsaron y la blindaron: el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna.
Ambos aparecen en todas las columnas y reportes que explican cómo Taddei pasó de ser una funcionaria local a convertirse en la presidenta todo-poderosa del árbitro electoral.
Taddei era presidenta del Instituto Estatal Electoral de Sonora cuando Durazo ganó la gubernatura. De esa relación surgió un pacto de lealtad que, según documentación periodística, se selló con un puesto clave: el hijo de Taddei, Luis Rogelio Piñeda Taddei, fue nombrado primero consejero jurídico y después secretario particular del gobernador de Sonora. d195
Fue Durazo, ya como una de las figuras con mayor peso en Morena y como flamante presidente del Consejo Nacional del partido, quien operó su llegada a la presidencia del INE en 2023 tras la insaculación en la Cámara de Diputados. d195
Si Durazo la impulsó, Gutiérrez Luna la hizo intocable.
El ex presidente de la Cámara de Diputados fue señalado como el autor de la reforma que modificó el funcionamiento interno del INE. La iniciativa, colada —según los reportes— dentro del paquete legislativo para aplazar la elección judicial a 2028, quitó a los 11 consejeros la facultad de nombrar a secretarios y directores ejecutivos y se la entregó sin contrapesos a la presidencia.
Ese cambio permitió los nombramientos por dedazo y temporales que hoy investiga la Auditoría Superior de la Federación. Con esa facultad, Taddei designó a la Junta General Ejecutiva y a direcciones clave como Administración y Recursos Materiales, áreas donde se detectaron los contratos a la red de empresas vinculadas a José Alfredo Hernández Casillas, pareja sentimental de la ex presidenta.
Incluso la consejera Carla Humphrey responsabilizó directamente al Congreso por esa reforma: “Ellos son los primeros responsables por aprobar esta reforma para darle el maxipoder”.
¿Habrá investigación para todos?
La caída de Taddei no fue por un informe externo, sino por su círculo más cercano. El propio Hernández Casillas habría confesado a un senador: “Yo nombré a todos sus funcionarios, al secretario ejecutivo, al director de administración, a todos yo los ponía”.
Hoy el Órgano Interno de Control del INE y la ASF auditan más de 500 millones de pesos en contratos, incluyendo el de credenciales de elector adjudicado a Cosmocolor por entre 55 y 62 millones de dólares el 10 de diciembre de 2025.
La pregunta que queda en el aire en San Lázaro es la que abre esta nota: la renuncia no sustituye la investigación.
Mientras el Consejo General busca un interino y la Cámara prepara la convocatoria para una nueva presidencia, la exigencia de una auditoría externa total —que pide Humphrey— incluye revisar quién autorizó, quién votó y quién se benefició de concentrar el poder en una sola oficina.
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