Nuevo revés judicial: Dictan prisión preventiva justificada contra el ex fiscal de Chihuahua por presuntos delitos de tortura

La pugna política y judicial en el estado volvió a encenderse este miércoles 21 de octubre de 2026. Un juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra del ex fiscal general del estado, César “N”, tras ser imputado por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura y abuso de autoridad cometidos durante su gestión en el marco de las llamadas investigaciones contra la corrupción política.

La audiencia inicial, que se prolongó por varias horas bajo un fuerte dispositivo de seguridad en los juzgados del distrito judicial de Morelos, puso nuevamente bajo la lupa los expedientes de la administración pasada y los métodos implementados en la integración de carpetas de investigación.

Acusaciones y presustos apremios ilegales

De acuerdo con la causa penal expuesta por la representación social de la Fiscalía General del Estado, el exfuncionario habría incurrido en prácticas de coacción y tortura sicológica y física en contra de exfuncionarios públicos y testigos para obligarlos a declarar en favor de las acusaciones por desvío de recursos que impulsó la llamada “Operación Justicia para Chihuahua”:

• Testimonios clave: Las indagatorias se nutrieron de denuncias presentadas por coinculpados que señalaron haber sido sometidos a aislamiento prolongado, amenazas y presiones indebidas para fabricar pruebas y declaraciones incriminatorias bajo la tutela de la fiscalía especializada.
• Defensa bajo reserva: Por su parte, el equipo legal del ex fiscal argumentó que las imputaciones carecen de sustento probatorio sólido y responden a una persecución política articulada desde el actual aparato de procuración de justicia, adelantando que presentarán elementos para revertir la medida cautelar.

Próximos pasos legales

Tras la imposición de la prisión preventiva justificada —la cual deberá cumplir al interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) estatal bajo estrictas medidas de seguridad—, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que el juez determine su situación jurídica en las próximas fechas, momento en el que se definirá si es vinculado a proceso penal.