Revés judicial para California: Corte falla a favor de ICE y sus agentes podrán operar con el rostro cubierto y sin identificarse

En un fallo de alto impacto para la política migratoria en Estados Unidos, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito determinó este miércoles 14 de octubre de 2026 que el estado de California no puede obligar a los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ni de otras agencias federales a mostrar sus identificaciones o destaparse el rostro durante sus operativos.

La resolución tumba los esfuerzos del estado santuario por regular la actuación de los efectivos de inmigración, dejando sin efecto la normativa estatal conocida como No Vigilantes Act o “Ley contra la Vigilancia de California” en lo que respecta a funcionarios federales.

Violación a la Cláusula de Supremacía

El panel de tres jueces del Noveno Circuito dictaminó que intentar imponer requisitos de identificación e indumentaria a los agentes de ICE es inconstitucional, pues vulnera directamente la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos.

• El argumento legal: El tribunal sostuvo que los estados no tienen la autoridad para regular o interferir directamente en las operaciones de las agencias de orden público del Gobierno federal, salvo que el propio Congreso de los Estados Unidos lo autorice de forma explícita.
• Postura del Departamento de Seguridad Nacional (DHS): El DHS y la administración defendieron que el uso de mascarillas y la reserva de credenciales visibles responden a medidas de seguridad para evitar el doxxing (filtración de datos personales), amenazas y agresiones físicas contra los agentes y sus familias durante sus intervenciones.

Alarma entre activistas y defensores de derechos civiles

La decisión provocó una fuerte ola de reacciones por parte de organizaciones civiles, legisladores demócratas y defensores de los derechos de los inmigrantes en California:

• Riesgo de suplantación e impunidad: Organizaciones de derechos humanos advirtieron que permitir que agentes operen de manera anónima y con el rostro cubierto imposibilita la rendición de cuentas ante eventuales abusos de poder y facilita que personas ajenas se hagan pasar por oficiales federales para extorsionar o cometer delitos.
• Carencia de herramientas de verificación: Con la anulación de esta exigencia estatal, los residentes pierden la garantía legal que buscaba permitirles verificar la identidad formal de quienes realizan arrestos e intervenciones en la vía pública o centros laborales.