“La licencia no absuelve a nadie, no borra los años de violencia ni las sospechas de la narcoelección de 2021”:  Paola Gárate

Hoy este Congreso no discute una solicitud ordinaria. Hoy no estamos ante un trámite administrativo ni ante una licencia más.

Hoy estamos frente a una de las crisis políticas, institucionales y morales más graves que haya vivido Sinaloa.

El gobernador Rubén Rocha Moya solicita separarse temporalmente del cargo después de una acusación formal presentada en Estados Unidos, en la que se le señala, junto con otros funcionarios y exfuncionarios, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Y hay que decirlo con claridad: esta licencia no es un acto de dignidad política. Es la consecuencia de una presión social, pública e institucional que ya no pudieron contener.

Durante años, miles de sinaloenses salieron a las calles a decir: fuera Rocha. No eran adversarios inventados. No eran voces manipuladas.

Eran familias cansadas de las balaceras, de los bloqueos, de las desapariciones, de los negocios cerrados, de vivir con miedo y de ver a un gobierno incapaz de devolver la paz.

Por eso, esta solicitud no puede convertirse en una salida cómoda.

La licencia no limpia nada.

La licencia no absuelve a nadie.

La licencia no borra los años de violencia, ni las sospechas, ni las omisiones, ni el dolor acumulado en las familias sinaloenses.

Hoy Morena quiere presentar esta separación como un gesto republicano.

Pero la verdad es otra: durante años lo protegieron, lo defendieron, lo justificaron y atacaron a quienes advertimos lo que estaba pasando.

Nos llamaron exagerados, politiqueros, conservadores, adversarios.

Pero Sinaloa sabía. Las madres buscadoras sabían. Los comerciantes sabían. Las comunidades desplazadas sabían. Las familias que se encerraban temprano sabían.

Sinaloa no necesitaba que un tribunal extranjero nos dijera que algo estaba profundamente podrido en el poder. Lo vivimos todos los días.

Este Congreso tiene una responsabilidad superior. No somos jueces, pero sí somos representantes populares.

No nos corresponde dictar sentencia penal, pero sí nos corresponde fijar una postura política y ética frente a una crisis que ha lastimado a todo el estado.

Y nuestra postura debe ser clara: sí a la separación del cargo, porque era insostenible que permaneciera en funciones bajo señalamientos de esta gravedad.

Pero no a la simulación. No a la licencia como refugio. No a la impunidad disfrazada de trámite parlamentario.

Lo que Sinaloa exige no es solamente que se vaya unos días.

Lo que Sinaloa exige es verdad, investigación seria, responsabilidades y garantías de gobernabilidad.

Que se investigue a fondo.

Que se coopere con las autoridades competentes.

Que no se utilice el aparato del Estado para proteger a nadie.

Que el gobierno interino no sea una extensión del mismo grupo político que permitió esta crisis.

Porque el problema no es solamente un nombre. El problema es un modelo de poder que normalizó la violencia, minimizó el miedo y prefirió cuidar su narrativa antes que cuidar a la gente.

Hoy lo digo con firmeza: Sinaloa merece salir de la sombra de la narcopolítica.

Merece recuperar la paz, la confianza y la dignidad institucional.

Ningún partido, ningún movimiento y ningún gobernante puede estar por encima del derecho de las familias a vivir sin miedo.

Esta licencia no cierra la crisis. Apenas la confirma.

Y que quede claro: si este Congreso actúa como oficialía de partes, traicionará a Sinaloa. Pero si actúa con dignidad, puede empezar a corregir una historia que nunca debió llegar tan lejos.