Fake news, la famosa estafa maestra

Anabella Pezet

24 Mayo 2018

Como usted lo lee, es “Fake News”, lo de la famosa “Estafa Maestra” cacaraqueada en los medios en los últimos seis meses.

Se trata nada más ni nada menos de una estrategia electoral para debilitarla, para que no llegue, para que no permanezca, pero sobre todo, para pegarle al candidato del PRI, José Antonio Meade, hoy tesis central de la campaña del Frente Ciudadano por México, liderada por su candidato, Ricardo Anaya.


Pero ¿Qué argumentan los creadores del concepto de “La Estafa Maestra, Graduados en Desaparecer Dinero Público”, cuya autoría se atribuyen al medio digital Animal Político y a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)?, trataré de argumentar, de forma resumida, cada uno de sus puntos, y lo que realmente sucede legalmente, que a final de cuentas es lo que vale y prevalece, en un estado de derecho.

Primer argumento: “El gobierno federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de pesos … (se) detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.”
Este argumento es falso, ya que el Artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público dice a la letra “Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley; no obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su realización.”

Es decir, contratos entre entidades públicas son legales, lo que hizo Sedesol en su momento, fue celebrar contratos legales con universidades públicas para otorgar recursos para la implementación de programas. Por cierto, como dato curioso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), también contrata entidades públicas, como lo hace Sedesol y un sinfín de dependencias gubernamentales. Habría entonces que reclamarle al legislador la redacción del Artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, si no les gusta, que lo reformen. De ahí que la propia ASF no está cuestionando la legalidad de dichos contratos, como sí lo han hecho medios como Animal Político y MCCI.

Segundo: “La Secretaria de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos –en la gestión de Emilio Lozoya- son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, no duda de calificar como fraude millonario”. Dice el Auditor que en algunos casos no se prestaron los servicios o no se entregaron los bienes.

Es falsa esta aseveración del Auditor, y él lo sabe. La ASF desestimó, por ejemplo, los entregables de 65 cajas de pruebas, fotografías del trabajo que se hizo en Sedesol, bajo el comando de los famosos “grupos multinivel” de capacitaciones que se hicieron casa por casa a favor de la nutrición. Para la Auditoría Superior esto no existió, incluso regresaron las cajas que contenía la evidencia. Y el reclamo y el enojo viene de la 32 subdelegadas, varias consultadas por esta fuente, que hicieron dicho trabajo, en conjunto con las universidades. Otro ejemplo, es que para la ASF no existió un concierto realizado en el Auditorio Nacional en 2013 #ConciertoSinHambre enfocado en la nutrición del país, donde los boletos del concierto costaban un kilo de arroz, un kilo de frijol, etc. Para la Auditoría eso tampoco existió (sic), a pesar de que las pruebas están presentadas, y existe evidencia, incluso en las redes sociales. La ASF señala que fue un “contrato simulado”.


Habría que recordar que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, existen lineamientos que otorgan la facultad a Sedesol para que los “coordinadores técnicos” de cada programa vigilen el cumplimiento del fondo del famoso Ramo 33 ejercido para estados y municipios. Sedesol, como muchas dependencias, están limitadas en la contratación de personal para la implementación de programas, de ahí que se sirvan de otras dependencias, como universidades, para la contratación temporal de recursos humanos. Una de las Universidades que se contrató es la Universidad Intercultural que es precisamente la que llega a la montaña de Guerrero. Otro caso, es la Universidad Estatal del Estado de México, que ahora cuestionan al candidato del PRI, José Antonio Meade, de haber contratado en Sedesol, y algunos creerán la versión de que como es del Estado de México hay chanchullo, nada más falso, Sedesol lo único que hizo fue renovar el contrato que venía desde los tiempos del Presidente Felipe Calderón, para implementar el programa de adultos mayores en ese estado. En otro caso, la propia Universidad de Morelos, también señalada, acreditó que licitó cada uno de los contratos adjudicados.

Tercero: “Animal Político y MCCI decidieron seguir la pista del dinero y revisar qué hacían las universidades con esos montos y cuáles eran las empresas seleccionadas para estos “trabajos””, a las que muchas consideraron fantasmas, y en donde “no hay evidencia documental de que estos hayan existido”. Falso, existen un sin número de evidencias que la ASF desestimó, sobre trabajos realizados. Incluso la ASF desestimó que existió una campaña sobre la Cruzada Nacional Contra el Hambre, misma que todos la vimos. Recordemos que la ASF hace observaciones a las dependencias sobre el ejercicio del presupuesto, que posteriormente se solventan, en su mayoría, entre un 95-98% cada año, pero esa nota ya no lo informan los medios de comunicación, ni las organizaciones civiles que observan temas de corrupción. Para ellos, no existe el principio básico legal de presunción de inocencia, ni tampoco se respeta el derecho de réplica, sino el juzgar, a priori.

Algunas preguntas resurgen como: ¿Si la ASF tiene tanta evidencia de esta simulación, por qué no existen denuncias por el delito de peculado ante la PGR?, ¿Por qué si tiene tantas “pruebas”, no ha ejercido su facultad que tiene de sanción resarcitoria? Porque en la realidad la ASF no tiene pruebas, porque en el momento en el cual tenga que señalar a alguien tiene que documentarlas. En voz de una de las Subdelegadas de Sedesol, que trabajaron en diversos programas, asevera: “No puede ser que digan que es mentira el trabajo que realizamos, peso por peso está comprobado, ahí están los archivos.”

Cuarto: el periódico Reforma, en su momento, condenó los “desvíos de Rosario Robles” y citó como evidencia tres auditorías, la D17002, la D17012 y la D17011, siendo que dichas auditorías sí estaban relacionadas con convenios suscritos con Sedesol y Sedatu, pero no derivaron en investigaciones adicionales, ni en observaciones o requerimientos a ninguna de estas dependencias. Las tres estaban relacionadas sobre cómo ejercieron el presupuesto recibido las dependencias como Radio y Televisión Hidalgo, y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, no así los contratos que realizaron Sedesol y Sedatu con dichos medios, que persisten, nos guste o no, en el ramo de la legalidad. En todo caso, se debería de fincar responsabilidades a los titulares de dichas áreas de comunicación, de comprobarse que hubo desvíos a empresas fantasmas. Lo anterior equivaldría a pedir que se sancione a alguien que vende un coche, y quien se lo compra atropella a un peatón, y el gobierno quisiera responsabilizar al primero por el accidente. Estrictamente, en derecho, eso no puede ocurrir.

Por último, la acusación es personalizada y se centra en la figura de Rosario Robles solamente, una especie de inquisición para inmolarla y dejarla en el camino. ¿Por qué si la ASF realizó observaciones en 2016, sobre 112 mil millones de pesos, siendo que 65 mil millones corresponden a la SAGARPA, sólo la saña política se centró en el “supuesto desvío” de 2,800 millones de pesos de Sedatu? La respuesta es sencilla: el éxito de Rosario Robles en este sexenio ha causado ámpulas entre varios integrantes del propio equipo del Presidente Peña Nieto, puede tratarse de fuego amigo, combinado de una crítica orquestada desde la oposición. Pareciera como si se tratase de un caso de violencia de género, y el fin último, es lograr que Rosario caiga. ¿Será que la famosa frase de “Rosario, no te preocupes, hay que aguantar” pronunciada por el Presidente Peña a Robles hace cinco años, hoy recobra mayor relevancia? Lo cierto es que ella se mantiene en el puesto, y la realidad legal dista mucho de lo que se denomina la gran “Estafa Maestra” de este sexenio, que rascándole un poco, nos encontramos nada más y nada menos con una “fake news”. 


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