Por 16.7 millones de dólares: ICE adquiere 6,000 guantes de descarga eléctrica para operaciones migratorias

En medio de una fuerte controversia y cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos civiles y legisladores, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) concretó un contrato por 16.7 millones de dólares para la compra de 6,000 guantes de descarga eléctrica.

La adquisición, realizada a través de un contrato con la empresa fabricante Compliant Technologies con sede en Kentucky, busca equipar en un periodo de seis meses a los agentes de Operaciones de Ensecución y Remoción (ERO) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

¿Cómo funcionan los guantes G.L.O.V.E.?

Conocidos comercialmente como G.L.O.V.E. (por sus siglas en inglés Generated Low Output Voltage Emitter — Emisor de Voltaje de Baja Salida Generado), estos dispositivos operan bajo el siguiente mecanismo:

• Doble funcionalidad: En su estado regular, los guantes funcionan exactamente igual que cualquier equipamiento táctico o de patrullaje convencional.
• Modo eléctrico: Cuentan con un interruptor o botón oculto que el oficial acciona cuando considera necesario. Al activarse, los componentes conductores integrados en el tejido permiten transmitir una descarga de corriente eléctrica.
• Contacto directo con la piel: Para que el estímulo doloroso surta efecto y provoque la sumisión inmediata del individuo, el guante debe hacer contacto directo con la piel de la persona.
• Efecto inhibidor: Fabricantes y defensores del equipo apuntan a que la descarga genera una molestia o dolor agudo e inmediato (comparado a veces con la picadura severa de un insecto) diseñado para desorientar y obligar a una persona a cumplir las órdenes en pocos segundos, sin dejar quemaduras ni marcas visibles.

Uso previsto y posturas encontradas

Desde la perspectiva del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de ICE, los guantes se introducen como una herramienta de desescalada de “bajo impacto”. La agencia argumenta que su uso está destinado a entornos de alta tensión —como arrestos donde los sospechosos o detenidos se resisten de manera activa o pasiva, traslados complejos o disturbios en las inmediaciones de centros de detención— con el fin de evitar el uso de la fuerza física excesiva o recurrir a armas letales.

Sin embargo, la medida ha provocado un intenso rechazo político y social. Un grupo integrado por más de una decena de senadores demócratas, encabezados por Catherine Cortez Masto, exigió la cancelación del contrato advirtiendo sobre el alto riesgo de abuso, lesiones o complicaciones médicas graves —incluyendo antecedentes de demandas y cuestionamientos sobre su impacto en la salud de los detenidos—, argumentando que este tipo de tecnología incrementa drásticamente las probabilidades de infligir castigos corporales innecesarios durante operativos de carácter civil.