El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, informó que presentó una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por presuntos daños ecológicos relacionados con la construcción y operación de la planta de amoniaco que desarrolla la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), en asociación con Proman, en Topolobampo, municipio de Ahome, Sinaloa.
En el documento dirigido a la titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborrell, el dirigente emecista solicitó la intervención de la autoridad ambiental para investigar posibles afectaciones al ecosistema de la Bahía de Ohuira, un humedal protegido bajo la Convención Ramsar y considerado una de las zonas de mayor relevancia ecológica en el noroeste del país.
La denuncia sostiene que el proyecto contempla la producción de hasta 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco y la construcción de infraestructura marítima y terrestre de gran escala, incluyendo una terminal portuaria, canales de navegación, dragados y un amonioducto de más de dos kilómetros de longitud.
Según el escrito, la propia Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto reconoce posibles afectaciones al ecosistema, entre ellas alteraciones al fondo lagunar, incremento de la turbidez del agua, afectaciones a flora y fauna marina, contaminación por derrames accidentales y modificaciones permanentes al entorno costero.
Álvarez Máynez argumentó que existen antecedentes jurídicos que respaldan las preocupaciones de comunidades indígenas y pescadores de la región. Recordó que en abril de 2022 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo a integrantes de la comunidad indígena mayo-yoreme de la Bahía de Ohuira, al determinar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el proyecto sin garantizar previamente una consulta libre, previa e informada.
La denuncia también retoma señalamientos formulados en noviembre de 2025 por 11 relatores especiales de Naciones Unidas, quienes expresaron preocupación por posibles afectaciones ambientales, económicas y sociales derivadas del proyecto, así como por denuncias de hostigamiento contra defensores del territorio que se han opuesto a la obra.
El documento advierte que la planta podría generar impactos sobre la actividad pesquera de la región, particularmente en la reproducción de larvas de camarón, recurso considerado fundamental para la economía local.
Movimiento Ciudadano sostuvo que la Bahía de Ohuira alberga manglares, aves migratorias, mamíferos marinos y otras especies protegidas, por lo que cualquier alteración al ecosistema podría tener consecuencias irreversibles.
Entre las peticiones formuladas a la Profepa se encuentran la realización de visitas de inspección en la zona, la elaboración de un dictamen técnico sobre los posibles daños ambientales, la identificación de responsables y, en su caso, la cancelación del proyecto junto con la implementación de medidas de restauración ecológica.
Información: El Sol de México
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